Al revisar la prensa de nuestro país este último tiempo, nos hemos podido dar cuenta como siguen apareciendo escándalos relacionados a fallas en los "gobiernos corporativos" y la "transparencia" de las entidades, lo que hace tomar cartas en el asunto al gobierno de manera ex-post, dado a que se tiende a confiar en el autocontrol que pudieran aplicar las entidades en ciertas industrias y la verdad es que los hechos o escándalos que hemos visto, hacen que las autoridades piensen en más regulaciones para evitar que sigan proliferando situaciones como la ocurrida en la Universidad del Mar (Chile), donde claramente debido a las fallas en el gobierno corporativo de la casa de estudios, se gatillaron una serie de ilícitos que hoy ha implicado su cierre, dejando en graves aprietos a cerca de 12.000 estudiantes que confiaron su futuro a esta universidad.
En este escándalo, han existido fallas a nivel de los órganos estatales que tienen la misión de velar por la calidad del sistema educativo y es así como a partir de la colusión de ciertos actores, se han entregado acreditaciones universitarias cuestionables y se llega a descubrir públicamente que la Universidad del Mar en estricto rigor, no calificaba para acreditar calidad en ciertos ámbitos de docencia de pregrado y gestión institucional (ámbitos obligatorios) para una acreditación mínima que exige la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
Todos recordamos el escándalo reciente denominado "caso La Polar" y que implicó que el gobierno de Chile, pensará en nuevas regulaciones orientadas a mitigar este tipo de situaciones y es así como hace muy poco, ha entrado en vigencia la norma de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS-NCG Nro. 341 de fecha 29.11.2012) relativa a buenas prácticas de gobiernos corporativos, por lo que ciertas industrias que son muy sensibles como es la educacional, al parecer tendrán que ser reguladas al igual que las sociedades anónimas abiertas y supervisadas de forma mucho más rigurosa, porque si bien en el caso de la Universidad del Mar, los afectados no son los "inversionistas", aquí claramente tenemos estudiantes afectados, docentes, trabajadores, las familias que hay detrás de cada uno de ellos y por cierto acreedores, lo que socialmente exacerba la problemática y la pérdida de confianza para la industria educacional no es menor.
Frente a esto, la pregunta que nos queda es ¿Cómo mejoramos ahora la confianza de cara a los estudiantes y la transparencia o confiabilidad de ciertas entidades educacionales y de gobierno?. La respuesta más obvia que nos queda es: Aplicando mayor regulación por parte del estado a la industria educacional y monitoreo continuo tanto gubernamental como de entidades independientes y de clase mundial, que acrediten la veracidad de los estándares aplicados por cada entidad. Esto es lo que se está haciendo en las entidades que cotizan en bolsa y al menos la evidencia empírica indica que mejora el ambiente de confianza, transparencia y las entidades tienden a tomar conciencia respecto a la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, por lo que la regulación también debe ser aplicada estrictamente a entidades que en teoría no persiguen fines de lucro.
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existen modelos de cumplimiento bastante estrictos para efectos de acreditación en entidades educacionales y si somos parte de este selecto grupo, ¿Por qué no hacemos "benchmarking" y rescatamos lo mejor de esas experiencias?.
En las próximas semanas seguiremos conociendo diversas medidas que el gobierno comenzará a implementar con miras a remediar este tipo de fallas y que muchos temen de que el caso Universidad del Mar, sea solamente la "punta del iceberg" en el sistema de educación superior chileno.
En este escándalo, han existido fallas a nivel de los órganos estatales que tienen la misión de velar por la calidad del sistema educativo y es así como a partir de la colusión de ciertos actores, se han entregado acreditaciones universitarias cuestionables y se llega a descubrir públicamente que la Universidad del Mar en estricto rigor, no calificaba para acreditar calidad en ciertos ámbitos de docencia de pregrado y gestión institucional (ámbitos obligatorios) para una acreditación mínima que exige la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
Todos recordamos el escándalo reciente denominado "caso La Polar" y que implicó que el gobierno de Chile, pensará en nuevas regulaciones orientadas a mitigar este tipo de situaciones y es así como hace muy poco, ha entrado en vigencia la norma de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS-NCG Nro. 341 de fecha 29.11.2012) relativa a buenas prácticas de gobiernos corporativos, por lo que ciertas industrias que son muy sensibles como es la educacional, al parecer tendrán que ser reguladas al igual que las sociedades anónimas abiertas y supervisadas de forma mucho más rigurosa, porque si bien en el caso de la Universidad del Mar, los afectados no son los "inversionistas", aquí claramente tenemos estudiantes afectados, docentes, trabajadores, las familias que hay detrás de cada uno de ellos y por cierto acreedores, lo que socialmente exacerba la problemática y la pérdida de confianza para la industria educacional no es menor.
Frente a esto, la pregunta que nos queda es ¿Cómo mejoramos ahora la confianza de cara a los estudiantes y la transparencia o confiabilidad de ciertas entidades educacionales y de gobierno?. La respuesta más obvia que nos queda es: Aplicando mayor regulación por parte del estado a la industria educacional y monitoreo continuo tanto gubernamental como de entidades independientes y de clase mundial, que acrediten la veracidad de los estándares aplicados por cada entidad. Esto es lo que se está haciendo en las entidades que cotizan en bolsa y al menos la evidencia empírica indica que mejora el ambiente de confianza, transparencia y las entidades tienden a tomar conciencia respecto a la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, por lo que la regulación también debe ser aplicada estrictamente a entidades que en teoría no persiguen fines de lucro.
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existen modelos de cumplimiento bastante estrictos para efectos de acreditación en entidades educacionales y si somos parte de este selecto grupo, ¿Por qué no hacemos "benchmarking" y rescatamos lo mejor de esas experiencias?.
En las próximas semanas seguiremos conociendo diversas medidas que el gobierno comenzará a implementar con miras a remediar este tipo de fallas y que muchos temen de que el caso Universidad del Mar, sea solamente la "punta del iceberg" en el sistema de educación superior chileno.
