Llevamos meses que en nuestro país se ha hablado de corrupción, producto de acontecimientos tanto en empresas públicas como privadas, que ha generado desconfianza de parte de las personas hacia los políticos, instituciones del gobierno y hacia ciertas empresas que se han visto envueltas en estos episodios.
Lo anterior, ha llevado a las autoridades de gobierno a anunciar un consejo asesor presidencial anticorrupción, que tiene 45 días para presentar una serie de iniciativas tendientes a mejorar los marcos de probidad de nuestro país, tanto en el mundo público como privado.
Es altamente probable que de este consejo asesor, emanen nuevas regulaciones más estrictas, lo cual indudablemente hace que las iniciativas de reformas prioritarias del actual gobierno, queden un tanto desplazadas y el foco esté puesto en las propuestas anticorrupción.
En este contexto, se hace necesario de que todas las entidades públicas y privadas, incorporen como parte de sus iniciativas de probidad y transparencia, canales de denuncias anónimas, que le permita a las personas poder denunciar cualquier ilícito que sea presenciado o del que sean víctimas, de tal manera que puedan aportar con evidencia u otros antecedentes ante eventuales investigaciones de parte del Ministerio Público. Esto obviamente lleva consigo el hecho de contar con comités de ética y cumplimiento en las organizaciones, que se hagan cargo de la dinámica que genera este tipo de iniciativas.
De acuerdo a estudio global realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE en sus siglas en inglés), en el año 2014 el 42% de los fraudes en las empresas, fueron detectados a través de canales de denuncias anónimos, por lo que este tipo de herramientas, permite sin duda combatir la corrupción disuasivamente y ayuda a generar ambientes mucho más probos en las organizaciones y por cierto, mejora los gobiernos corporativos tanto de empresas públicas como privadas.
